Ancud: levantan secreto bancario a ex dirigente de Comité de Agua de Lechagua
Se estima que hay $5.417.000.- que fueron solicitados por el imputado que no fueron justificados, ni devueltos.
En una diligencia esperada por vecinos del Comité de Agua Potable rural de Lechagua, el Ministerio Público de Ancud requirió a los tribunales levantar el secreto bancario del ex Presidente de dicha organización social Francisco Javier Gómez Oliva, tras una denuncia ingresada el 11 de noviembre de 2015 por don Gastón Heriberto Torres Otey, en calidad de actual tesorero del Comité, por una presunta apropiación indebida por un monto que supera los cinco millones de pesos.
De acuerdo a información judicial que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, el imputado tenía un fondo de disposición por la suma de $17.000.000.-, respecto de los cuales habría utilizado $5.417.000.- para su beneficio personal. Las eventuales irregularidades salpican también de manera indirecta a la Asociación Provincial de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural de la provincia de Chiloé, donde aparentemente aún es dirigente a pesar de las graves acusaciones.
Según la Fiscalía de Ancud, los hechos denunciados se encontrarían acreditados por la Policía de Investigaciones de Chile en los Informes Policiales n.°504 del 8 de abril de 2016, n.°231 del 16 de febrero de 2016, y la denuncia n.°1641 del fecha 11 de noviembre de 2015, además de varios documentos aportados por el Comité de Agua Potable y testigos del hecho.
Sobre los documentos a los que se alude, existirían manuscritos de puño y letra del imputado donde solicita dinero en distintas fechas, por diferentes montos, argumentando que se utilizarían para la compra de un terreno, para gastos varios y para el pago de un técnico de la Dirección General de Aguas, sin embargo, para el Ministerio Público estos dineros no fueron utilizados en esos gastos, sino que fueron reasignados por el imputado para fines personales. De acuerdo a una auditoría realizada por personal de la directiva del Comité de Agua Potable rural de Lechagua, se determinó que existen $5.417.000.- que fueron solicitados por el imputado que no fueron justificados ni devueltos.
Por otro lado, existirían registros de audio donde el acusado reconoce haberse quedado con un monto ascendente a la suma de $4.500.000.-, reconociendo haber engañado al tesorero para estos efectos, así como eventuales registros escritos donde reconoce haberse quedado con el dinero, el cual se habría comprometido a devolver y que a la fecha no ha realizado. Desde la Fiscalía se señala que se ha intentado que preste declaración pero no ha comparecido, y al ser citado por personal de PDI, señaló estar fuera de la ciudad de Ancud y que concurriría a la Unidad a prestar declaración a la brevedad, sin que se haya presentado a la fecha: han pasado casi 6 meses.
En vista de la falta de cooperación del imputado y la contundente información presente en la causa, el Ministerio Público decidió solicitar que se decrete el levantamiento del secreto bancario del ex Presidente del Comité para los años 2013, 2014 y 2015. Así, dado los antecedentes, la Jueza Titular del Juzgado de Garantía de Ancud María Angélica Islas Mancilla ordenó al BancoEstado y al Banco de Crédito de Inversiones entregar la información "en el más breve plazo y en calidad de urgente".
La medida se enmarca en la preparación de una acusación en contra del ex dirigente, y busca confirmar los eventuales montos de los que se habría apropiado. El dato no es menor, dado que ello implicaría el tenor de las penas de presidio que pediría la Fiscalía: entre 541 días a 3 años y un día de cárcel.
