Ministra de Educación aclara: todas las estatales entrarían a gratuidad
El mecanismo se determinará después que el Tribunal Constitucional emita su fallo.
Revuelo causaron ciertos trascendidos durante la mañana de hoy que sugerían que las universidades estatales UTEM, Universidad de los Lagos y Universidad Arturo Prat quedarían fuera del sistema de gratuidad debido a que la Ley Corta que impulsaría el gobierno exigiría al menos cuatro años de acreditacion, requisito que estas tres instituciones de educación superior no poseen. Las dos nuevas universidades estatales de las regiones de O'Higgins y Aysen abrirían en 2017, por lo que no se verán afectadas.
Tras ello, la propia Ministra de Educación Adriana del Piano salió al paso y abordó este tema aclarando que “efectivamente el Estado va a cumplir con todas las universidades del Estado, que son de todos nosotros”, reafirmando lo que ya habría señalado el lunes cuando indicó que "de todas maneras todas las instituciones del CRUCh en cualquiera de los escenarios debiera estar presente".
Actualmente el Gobierno aún trabaja en el proyecto de Ley Corta, aunque de acuerdo a la Ministra, la fórmula que se aplicará recién se definirá cuando el Tribunal Constitucional emita su fallo; sin embargo, para el caso de las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), la autoridad ha señalado que el Gobierno "ya tiene mecanismos" para atenderlas hoy.
Por otro lado Juan Manuel Zolezzi, vicepresidente del CRUCh y rector de la Universidad de Santiago, coincidió con el planteamiento de la ministra declarando a Tele13Radio que "el Estado tiene las fórmulas para entregarle recursos al CRUCh y también tiene formas de entregarle recursos a las universidades del Estado".
Adicionalmente, el Senador Rabindranath Quinteros Lara indicó durante horas de la tarde que se habría alcanzado un acuerdo que permitiría la incorporación al proceso de gratuidad de todas las universidades del CRUCh.
Cabe recordar que el pasado jueves 10 de diciembre el Tribunal Constitucional aceptó el recurso interpuesto por parlamentarios de derecha que pedía eliminar tres requisitos que se le exigiría a las universidades privadas no tradicionales para acceder a fondos del Estado: que tengan al menos cuatro años de acreditación, que no tengan sociedades relacionadas con fines de lucro y que en sus estatutos se permita la participación de los trabajadores y estudiantes. Ese día, el relator del tribunal señaló:
"En cuanto a los denominados 'requisitos de elegibilidad' para que accedan a la gratuidad los estudiantes matriculados en las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica, el tribunal acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos 4".
En términos prácticos, los diputados de derecha argumentaron que los requisitos que se les pedía a las privadas no tradicionales no se pidían a las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCh).
